La reforma al Poder Judicial de la Federación es un paso inminente y casi inevitable. No sabemos con certeza cuál será el destino de nuestra Nación, pero podemos anticipar que el panorama no es alentador. Esto es el resultado de un Poder Ejecutivo que ha sabido convencer a su electorado y a los medios de comunicación patrocinados por la izquierda, utilizando la añeja formula marxista, a través de un discurso martillante y constante en contra de jueces y magistrados. Al parecer está dando resultado.

Lo más sorprendente es que, hasta ahora, las voces de los sectores sociales, políticos y económicos no han tenido una respuesta adecuada. Es más, parece que a la persona común no le interesan los temas aliados con el derecho y la justicia. Por alguna razón considera que no tendrán repercusión alguna en su vida y en la de su familia. Sin embargo, lo que está por venir es una situación que debe importar a todos los sectores de la sociedad, sencillamente porque el Estado de Derecho que se forjó a través de los últimos siglos está colapsando, para dar paso a un “Estado” de sometimiento a un único poder.

No debemos actuar ingenuamente, pensando que los estados totalitarios son relatos de países lejanos. La realidad es que esas formas de gobierno son historias cercanas al gobierno de facto. Es cierto que, en los últimos años, la reforma judicial en México ha sido un tema de creciente preocupación, especialmente en lo que respecta a la seguridad jurídica. Esto ha generado un clima de incertidumbre que afecta varios sectores, incluyendo el inmobiliario. Este sector, esencial para la economía del país, depende de un marco legal sólido que garantice la protección de los derechos de propiedad y la resolución justa de disputas. Sin embargo, la actual situación judicial plantea serios retos en este sentido.

La falta de certeza de que las leyes serán aplicadas de manera justa y predecible, genera desconfianza en los ciudadanos y en los inversionistas. Por eso, las reformas judiciales recientes son un instrumento que ponen en riesgo la seguridad jurídica. Es evidente que la elección de jueces y magistrados será influenciada por intereses políticos y, por tanto, por intereses económicos, particularmente por el partido dominante.

La reforma es una herramienta para consolidar el poder del Ejecutivo, socavando el atributo principal del Poder Judicial, es decir, la independencia. Ahora los jueces serán seleccionados a través de un proceso “democrático” disfrazado de competencia y ética, donde subyace el elemento principal, la lealtad al partido en el poder.

Esto afecta muchos sectores, incluido el inmobiliario al ser uno de los más vulnerables ante la falta de seguridad jurídica. Las inversiones en bienes raíces requieren un entorno donde las reglas sean claras y respetadas. Los contratos, las transacciones y la resolución de disputas deben estar respaldados por un sistema judicial confiable. Estas críticas han sido expuestas por funcionarios públicos de Estados Unidos y de Canadá, incluso por el candidato republicano Donald J. Trump.

Estamos entrando a un contexto donde los jueces estarán prácticamente sometidos a influencias externas, es decir, a aquellas por las que accedieron al cargo público. Esto fundamenta el temor de que las decisiones judiciales no se basen en la ley, sino en intereses particulares o políticos, principalmente del gobierno y de su partido.

Por esto, la incertidumbre legal ha desalentado el crecimiento del mercado inmobiliario, afectando negativamente la economía en su conjunto. No sólo eso, también está en peligro la libertad de las personas. Un Poder Judicial que no es independiente no puede garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La crítica del actual gobierno a los abusos del Poder Judicial, es meramente para cambiar a los protagonistas judiciales, pero no las prácticas indebidas. Es válido suponer que las decisiones judiciales estarán al servicio del poder político y, en ese sentido, se abrirá de par en par la puerta a toda clase de abusos, persecuciones injustas y a una erosión de las libertades civiles.

Cuando el partido en el poder controla la judicatura, esta función de protección se ve gravemente comprometida. En lugar de ser un contrapeso al Ejecutivo, el Poder Judicial se convierte en una extensión de este, limitando así la libertad y los derechos de los ciudadanos.

Ante este panorama de incertidumbre jurídica, el sector inmobiliario debe adoptar medidas proactivas para maximizar la seguridad de sus operaciones. Especialmente en el ámbito del arrendamiento, es recomendable que los actores del sector recurran a formas legales que brinden mayor protección, como la contratación de pólizas jurídicas. Estas pólizas pueden ofrecer una salvaguarda adicional al asegurar que, en caso de conflicto, los arrendadores y arrendatarios cuenten con un respaldo legal especializado que facilite la resolución de disputas, garantizando así la estabilidad y confiabilidad de las transacciones inmobiliarias. De este modo, se mitigan los riesgos derivados de un entorno judicial potencialmente volátil, proporcionando mayor tranquilidad tanto a inversionistas como a propietarios.

En IUS HOMINEM, estamos comprometidos con la protección de su patrimonio y la garantía de sus derechos a través de nuestras pólizas jurídicas de arrendamiento. Aunque el entorno judicial puede ser incierto, la experiencia y preparación de nuestros asociados le ofrecen la tranquilidad de saber que sus intereses estarán resguardados. Con nuestras soluciones legales, no solo nos anticipamos a posibles conflictos, sino que también aseguramos la defensa extrajudicial de sus derechos, brindándole la seguridad que necesita en todo momento.